A medianoche vence plazo para dimisión de 2 millones de funcionarios en EE.UU.

El magnate Elon Musk, en su nuevo rol como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha dado a más de dos millones de funcionarios federales hasta la medianoche para dimitir voluntariamente con una indemnización de ocho meses de sueldo o enfrentar un despido inmediato.

Esta drástica reestructuración ha sido impulsada con el respaldo del presidente Donald Trump, quien ha buscado reducir el tamaño del gobierno desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero.

Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada por sindicatos y legisladores demócratas, quienes cuestionan su legalidad. Un juez federal en Massachusetts revisará este jueves una demanda interpuesta por sindicatos que representan a más de 800 mil funcionarios, exigiendo una medida cautelar contra el plazo de renuncia.

Medios estadounidenses reportan que solo 40 mil empleados han aceptado la oferta hasta ahora, lo que deja a la administración en un limbo sobre cómo proceder con los despidos masivos.

El impacto de esta decisión ya se siente en varias agencias clave:

• USAID, la agencia de ayuda internacional de EE.UU., ha paralizado operaciones.

• El Departamento de Educación enfrenta incertidumbre ante rumores de que Trump planea cerrarlo completamente.

• El Departamento del Tesoro fue objeto de controversia cuando colaboradores de Musk intentaron acceder a su sistema de pagos gubernamentales, desatando un escándalo de seguridad.

La presión también ha llegado a la CIA, donde la agencia habría enviado a la Casa Blanca una lista de empleados de bajo rango para facilitar su despido. Según el New York Times, la lista contenía nombres e iniciales de los agentes, y fue enviada a través de un correo electrónico no clasificado, generando preocupaciones sobre una posible exposición de identidades a adversarios extranjeros.

Musk ha defendido la medida diciendo que ofrece una "oportunidad de tomar vacaciones y ver películas", pero los sindicatos han advertido que la propuesta podría ser ilegal y que Trump podría no tener autoridad para garantizar las indemnizaciones.

Mientras tanto, fuentes dentro del gobierno han descrito la estrategia como una táctica de pánico para desmantelar el aparato estatal, algo que críticos consideran parte del objetivo de Trump y Musk.