HUASTECA GLOBAL NEWS- 17 SEPTIEMBRE 2024
En las últimas semanas, el gobierno de Texas ha intensificado su campaña contra el fraude electoral con una serie de redadas que han generado gran preocupación entre activistas y políticos latinos. Estas acciones, según los denunciantes, no solo están destinadas a combatir el fraude, sino que también buscan intimidar a la comunidad hispana y desincentivar su participación en las próximas elecciones.
La Operación de Redadas
El pasado 20 de agosto, varias viviendas de activistas y políticos latinos en Texas fueron allanadas en la madrugada. Entre los afectados se encuentran Cecilia Castellano, candidata demócrata al distrito 80 de la legislatura estatal, y Manuel Medina, líder de los demócratas latinos en el estado. También fueron objeto de inspección Lidia Martínez, una activista de 87 años, y Mary Ann Obregón, alcaldesa de una pequeña ciudad al sur de San Antonio.
Castellano, quien relató su experiencia, se encontró con dos agentes de la oficina del fiscal general de Texas que llegaron a su casa con una orden de allanamiento y se llevaron su celular. Esta operación forma parte de una investigación de la unidad de “integridad electoral” creada tras las elecciones de 2020.
Contexto Político y Legal
El gobierno de Texas, dirigido por el republicano Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton, ha intensificado sus esfuerzos para combatir el fraude electoral, alineándose con las teorías infundadas del expresidente Donald Trump sobre una supuesta infiltración de migrantes en el proceso electoral. La creación de la unidad de “integridad electoral” se basa en las afirmaciones de fraude que surgieron después de las elecciones presidenciales de 2020, ganadas por Joe Biden.
Las leyes electorales en Texas se han endurecido desde 2020, especialmente en lo que respecta al voto por correo. La nueva legislación prohíbe a las autoridades locales enviar formularios para votar por correo y limita quién puede ayudar a otros en este proceso. Esta ley ha sido criticada por su impacto en los votantes y las organizaciones que apoyan a las comunidades marginadas.
Reacciones y Acusaciones
Gabriel Rosales, líder de LULAC en Texas, ha acusado al gobernador Abbott de usar su oficina para intimidar a los votantes latinos. Rosales y otros líderes comunitarios creen que las redadas tienen un propósito político más amplio: desalentar a los latinos de participar en el proceso electoral. “El objetivo del estado no es presentar cargos, sino complicar las cosas e intimidar a las personas que quieren participar en política”, señaló Rosales.
Los congresistas demócratas de Texas han pedido al Departamento de Justicia una investigación sobre las redadas, temiendo que estas acciones estén diseñadas para intimidar a los votantes latinos. LULAC también ha solicitado al Departamento de Justicia y al FBI que examinen la conducta del estado, destacando la historia de discriminación contra los latinos en Texas.
La Respuesta del Gobierno de Texas
A pesar de las redadas, la fiscalía aún no ha presentado cargos formales contra los afectados. Sin embargo, según filtraciones, Castellano y Medina están bajo investigación por "cosecha de votos", un delito relacionado con la recolección de papeletas de voto por correo. Los críticos argumentan que las leyes modificadas y las recientes acciones son parte de un esfuerzo más amplio para restringir el acceso al voto y controlar la participación política de las comunidades latinas.
En un contexto de creciente tensión política, las medidas del gobierno de Texas han encendido un debate sobre los límites de la autoridad estatal y el impacto en los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. La comunidad latina y los defensores de los derechos civiles continúan luchando por la transparencia y la justicia en el proceso electoral.
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