En un fallo histórico, la Corte Suprema de Japón ordenó al gobierno compensar a cerca de una docena de personas que fueron esterilizadas sin su consentimiento bajo la Ley de Protección de la Eugenesia, vigente entre las décadas de 1950 y 1970. Esta ley, que buscaba "evitar el nacimiento de descendientes de mala calidad", ha sido calificada por los abogados de los demandantes como "la mayor violación de los derechos humanos de la posguerra" en Japón.
Aproximadamente 25 mil personas fueron sometidas a esterilizaciones forzadas durante ese periodo. El tribunal declaró la inconstitucionalidad de la ley de eugenesia de 1948 y rechazó la defensa del gobierno basada en el estatuto de limitaciones de 20 años para evitar el pago de indemnizaciones. Este fallo beneficia a 11 de los 39 demandantes que han llevado sus casos a diferentes tribunales menores en Japón.
Afuera del tribunal, los demandantes celebraron el veredicto sosteniendo letreros de "gracias" y "victoria". Saburo Kita, uno de los demandantes de 81 años, fue esterilizado en 1957 a la edad de 14 años mientras vivía en un orfanato. Kita expresó su alegría y agradecimiento por el fallo, recordando cómo le reveló su secreto a su esposa antes de que ella falleciera.
El juez Saburo Tokura determinó que las esterilizaciones se realizaron "sin motivos racionales" y fueron una clara discriminación contra los afectados debido a sus discapacidades, violando gravemente su dignidad. En 2019, el gobierno ofreció una compensación única de 3,2 millones de yenes (19.800 dólares) a cada víctima, pero el tribunal consideró esta cantidad insuficiente.
Este fallo representa un paso significativo en el reconocimiento de los derechos humanos en Japón y establece un precedente para futuras compensaciones a las víctimas de esterilización forzada.
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