La Cámara de Diputados de México ha turnado al Ejecutivo la reforma que establece la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta decisión se tomó en una breve sesión de apenas 15 minutos, donde también se emitió la declaratoria de reforma para el reconocimiento de los pueblos indígenas, tras su aprobación en los congresos locales.
Proceso Legislativo
La reforma fue previamente aprobada por el Senado, que declaró su constitucionalidad y aseguró que la Guardia Nacional funcionará como una fuerza de seguridad pública, integrada por personal militar con formación policial, bajo la dirección de la Sedena. El objetivo de esta integración es ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en medio de un panorama de creciente violencia en el país.
El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que el dictamen será enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Al finalizar la sesión, los legisladores de Morena y sus aliados celebraron la decisión entonando “¡Sí se pudo, sí se pudo!”.
Aprobación en Congresos Locales
La aprobación de la reforma ha sido respaldada por 26 congresos estatales, superando el requisito de 16 legislaturas más uno que se necesita para reformas constitucionales. Los estados que aprobaron la reforma incluyen Baja California, Durango, Guerrero, Estado de México, entre otros.
Sin embargo, la sesión se llevó a cabo sin la participación de los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes han expresado su rechazo a lo que consideran una militarización de la seguridad pública en el país.
Implicaciones de la Reforma
La integración de la Guardia Nacional a la Sedena ha suscitado un amplio debate sobre la militarización de la seguridad pública en México, un tema que ha generado divisiones entre los partidos políticos y la sociedad civil. Los críticos argumentan que este movimiento puede llevar a un aumento en la violación de derechos humanos, mientras que los partidarios sostienen que es una medida necesaria para combatir la creciente ola de violencia y crimen organizado.
Con el turno de esta reforma al Ejecutivo, el gobierno de López Obrador se acerca a consolidar un cambio significativo en la estructura de seguridad del país. Las consecuencias de esta decisión se sentirán en la gestión de la seguridad pública y en la relación entre las fuerzas armadas y la ciudadanía.
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