El Gobierno español ha solicitado a la Conferencia Episcopal Española (CEE) la implementación de un sistema de reparación obligatorio y efectivo para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Esta demanda se produce tras una reunión entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y diversas asociaciones de víctimas.
Bolaños explicó que el Ejecutivo busca un sistema que incluya la participación de las víctimas y que cumpla con las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo. Además, el Gobierno propone la creación de un fondo estatal de compensación, en colaboración con la Iglesia, para aquellas víctimas que no han tenido oportunidad de obtener reparación judicial.
La CEE tiene previsto debatir y aprobar el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales a Menores y Personas Vulnerables (PRIVA) en una Asamblea Plenaria Extraordinaria. Sin embargo, el plan propuesto por la Iglesia ha sido criticado por no ser obligatorio para todas las diócesis y no contar con la participación de las víctimas.
Las asociaciones de víctimas presentes en la reunión incluyeron a la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra (AVA), la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Justice Initiative España, la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia (Lulacris), la Asociación Nacional de Víctimas Anuladas (ANVA), Mans Petites y la Fundación Vicki Bernadet.
El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2024 un plan de implementación basado en las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Entre las medidas adoptadas se encuentran la organización de un acto público con las víctimas y sus familias, y la adopción de medidas legales y administrativas para los casos que no han sido resueltos judicialmente.
El ministro Bolaños subrayó que el Gobierno continuará negociando con la CEE para establecer un sistema de reparación que sea vinculante, transparente y gestionado por profesionales independientes.
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