HUASTECA GLOBAL NEWS- 18 JULIO 2024
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el Poder Judicial se ha negado a emitir una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, señalado como el probable segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
Durante su conferencia matutina, López Obrador criticó nuevamente las acciones de jueces y magistrados en casos judiciales relevantes. La Fiscalía General de la República (FGR) retomó hace unos meses la hipótesis del segundo tirador en el crimen ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.
El presidente leyó un informe del fiscal general, Alejandro Gertz, donde se detalla que desde el 30 de octubre del año pasado se solicitó la orden de aprehensión contra Sánchez Ortega. Sin embargo, el juez quinto de distrito de procesos penales federales del Estado de México no aceptó la competencia, declinándola al juzgado primero de distrito, y este último la regresó al quinto.
López Obrador enfatizó que el caso ha sido “peloteado” entre juzgados para evitar emitir la orden de aprehensión contra el ex agente del Cisen, quien supuestamente fue rescatado por Genaro García Luna tras el asesinato de Colosio. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público no han sido consideradas y la decisión ha sido prolongada por varios meses. Finalmente, en enero de este año, el juzgado quinto de distrito negó la orden de aprehensión.
Ante esta situación, la FGR interpuso un recurso de apelación el 8 de enero en un tribunal colegiado, el cual aún no ha sido debatido en sesión. El 15 de junio, la FGR solicitó una audiencia con la magistrada del tribunal colegiado de apelación, quien indicó que el tiempo promedio para resolver el recurso es de cuatro meses. Al 15 de julio, la apelación aún no estaba contemplada para la sesión del 18 de julio.
Gertz explicó en el informe que, si el tribunal colegiado confirma la negativa de la orden de aprehensión, no procederá ningún recurso adicional. En ese caso, la FGR tendría que volver a ejercer acción penal, reforzando las pruebas, pero el proceso correspondería al mismo juez que ya negó la orden, lo que representaría un nuevo obstáculo.
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