La campaña electoral en Venezuela se ha visto sacudida por serias denuncias de detenciones de líderes y activistas de la oposición, un desarrollo que plantea preocupaciones sobre la equidad y la transparencia en las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio. Según Perkins Rocha, dirigente del movimiento político Vente Venezuela, ocho personas fueron detenidas recientemente en varios estados, incluyendo personal vinculado a la campaña de Edmundo González, el candidato de la coalición opositora.
Estas detenciones, que han incluido acusaciones de "supuestas lesiones a funcionarios públicos" y actos de "extorsión", se produjeron en un contexto de creciente visibilidad internacional debido a la proximidad de las elecciones, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato. María Corina Machado, quien ha sido reemplazada por González debido a una inhabilitación política, ha calificado estos actos como violatorios de las normas de una competencia justa.
La situación se complica aún más con informes del Foro Penal que destacan que algunos detenidos no han podido acceder a representación legal adecuada. La comunidad internacional, incluyendo observadores de derechos humanos y veedores electorales, ha sido alertada sobre estos desarrollos.
Mientras tanto, la campaña prosigue en ambientes como la Universidad Central de Venezuela, un lugar emblemático que, pese a la negativa oficial de autorización para actos políticos, ha sido escenario de encuentros políticos. Este contexto subraya no solo las tensiones políticas sino también los desafíos estructurales, como la fuga de cerebros entre el personal docente debido a condiciones económicas adversas.
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