HUASTECA GLOBAL NEWS- 14 OCTUBRE 2024
La ciudad de Oaxaca fue escenario de una intensa marcha este viernes, donde familiares y organizaciones civiles se unieron para exigir la aparición con vida de Sandra Estefana Domínguez Martínez, una defensora indígena mixe de derechos humanos desaparecida el pasado viernes. Con esta desaparición, el número de activistas desaparecidos en la región asciende a tres, generando una creciente preocupación por la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en México.
Sandra fue vista por última vez en las inmediaciones del municipio de María Lombardo, en los límites de Oaxaca y Veracruz. Su madre, Araceli Martínez, hizo un llamado desgarrador al gobierno, pidiendo que se realice una investigación exhaustiva para localizar a su hija. “La quiero viva, por favor, gobierno, ayúdenme. Es muy lamentable; a la presidenta Claudia Sheinbaum, ayúdeme a buscar a mi hija, la quiero viva, es lo único que pido”, expresó, evidenciando el dolor y la desesperación que siente su familia en este difícil momento.
Antes de su desaparición, Domínguez había denunciado a Donato Vargas, un exfuncionario del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y actual delegado de paz del gobierno de Oaxaca. La activista lo acusó de ser responsable de la creación de grupos de difusión de pornografía en WhatsApp, denominados "Sierra XXX", donde se compartían fotografías de trabajadoras de la dependencia federal tomadas sin su consentimiento. Esta denuncia ha intensificado las demandas de justicia y transparencia en la gestión de Vargas, quien ahora es titular de la Coordinación de Delegados de Paz en Oaxaca.
Kenia Domínguez, hermana de Sandra, compartió el profundo impacto emocional que la desaparición ha tenido en su vida, manifestando: “Ya no tengo una vida normal porque me falta mi hermana, todas las noches no puedo dormir porque estoy pensando en qué le están haciendo”. Este testimonio resalta la angustia y la incertidumbre que enfrentan las familias de quienes desaparecen en México, un país que ha vivido un alarmante aumento en la violencia contra activistas y defensores de derechos humanos.
Durante la marcha, las activistas que acompañaron a la familia exigieron a la presidenta mexicana que se agilicen los protocolos de búsqueda de Sandra. También pidieron la destitución de Donato Vargas, argumentando que su presencia en el cargo es inaceptable dado el contexto de las denuncias en su contra. Yésica Sánchez Maya, coordinadora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad de Oaxaca, enfatizó que Vargas debería haber sido separado de su puesto desde el inicio del gobierno del actual gobernador, Salomón Jara Cruz, dado su historial de acusaciones de acoso y violencia.
La desaparición de Sandra se suma a otros casos preocupantes en Oaxaca, incluyendo la desaparición de Irma Galindo, una defensora ambiental, en noviembre de 2021, y Claudia Uruchurtu, una activista británico-mexicana, de quien no se tiene información desde marzo de 2021. La serie de desapariciones de activistas en la región ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los defensores de derechos humanos en México y la necesidad urgente de medidas efectivas para proteger a quienes arriesgan sus vidas en la lucha por la justicia y la equidad.
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