Huasteca Global News - 08 de febrero de 2024
Un estudio realizado por el Poder del Consumidor revela que grandes multinacionales alimentarias y cámaras empresariales en México buscaron influir en las reformas a la Ley General de Salud sobre Etiquetado y la NOM-051, que regula el uso de personajes dirigidos a niños en los envases de alimentos y bebidas.
El informe señala una opacidad en los procesos de normalización previos a las reformas, destacando la cercanía entre exfuncionarios de Cofepris como Patricio Caso y Mikel Arriola, y ejecutivos de cámaras e industrias como Coca-Cola y ConMéxico.
Ana Larrañaga, investigadora encargada de la presentación de la investigación "Bajo la Mira: El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México", resaltó que estos vínculos propiciaron procesos de puertas giratorias entre la agencia regulatoria y empresas, como la refresquera en la que actualmente trabaja Patricio Caso, además de contribuir a la permanencia del etiquetado opaco conocido como “GDA”.
Durante el proceso de aprobación del nuevo etiquetado de advertencia, que demostraba ser más comprensible para los consumidores, las multinacionales desplegaron una intensa actividad de cabildeo en la Cámara de Diputados. Estrategias como "reventar sesiones" de la Comisión de Salud, evitando la asistencia de los diputados, fueron empleadas para debilitar el dictamen.
Se revela que los cabilderos de ConMéxico y representantes de empresas de ultraprocesados intentaron introducir transitorios para debilitar el dictamen con la ayuda de aliados como Tatiana Clouthier.
En cuanto al proceso de la NOM-051, se expone una clara mayoría de participantes del sector empresarial en las mesas de trabajo, en contraste con otros sectores. El sector de alimentos y bebidas contaba con 32 instituciones acreditadas, mientras que el sector académico y la sociedad civil sin nexos empresariales tenían una representación mucho menor.
Tanto los autores del estudio como especialistas de El Poder del Consumidor y el Instituto Nacional de Salud Pública coinciden en que el comportamiento del sector industrial de alimentos y bebidas muestra un claro patrón de acciones de incidencia política que ponen en riesgo el derecho a la salud y la alimentación, privilegiando su modelo de negocio sobre los derechos fundamentales.
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