HUASTECA GLOBAL NEWS- 24 OCTUBRE 2024
El juez Alejandro Alberto Díaz, del Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, ha respondido a las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusan de negarse a emitir una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, implicado en el presunto secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada. Según el juez, fue el propio fiscal quien se desistió de la solicitud de aprehensión debido a la falta de pruebas suficientes.
Detalles de la audiencia
En una conferencia matutina, el juez recordó que durante la audiencia del 5 de octubre, el fiscal no presentó pruebas concluyentes. Díaz citó que el fiscal admitió que no había realizado ciertos actos de investigación necesarios antes de solicitar la orden. “Efectivamente, hubo insuficiencia probatoria por múltiples causas”, expresó el juez, quien enfatizó que el fiscal había reconocido que algunos actos de investigación aún no se habían llevado a cabo en la fecha de la solicitud.
Consideraciones sobre la jurisdicción
En su comunicado del lunes, la FGR transcribió parte de la audiencia, donde el juez señaló que la solicitud de una orden de aprehensión en casos de esta naturaleza debería ser presentada ante un juez federal, cuyo penal tenga la jurisdicción adecuada. Esto es crucial, dado que la naturaleza de los delitos involucrados y la identidad de los presuntos implicados requieren un manejo especial debido a su conexión con un cártel.
Nuevos hallazgos en la investigación
La FGR también presentó información sobre las pruebas encontradas en el lugar del posible secuestro, que se llevaron a cabo el 18 de septiembre. Según el informe, estos indicios fueron analizados y dictaminados el 17 de octubre, 12 días después de la solicitud inicial de la orden de aprehensión. El juez señaló que, en ese momento, la FGR no contaba con evidencia forense que vinculara al acusado con el caso.
Dudas sobre el procedimiento
Díaz añadió que la decisión del fiscal de no proceder con la orden de aprehensión también se debió a la naturaleza del caso y a los líderes de cárteles involucrados, lo que complicaría el proceso. “Tenía la opción de solicitar la orden de aprehensión ante un juez donde existiera un centro de máxima seguridad, ya que luego de librar la orden, se debe indicar dónde deben ser internados los detenidos”, dijo el juez.
Implicaciones
La controversia entre el juez y la FGR plantea serias dudas sobre la eficacia y la transparencia del proceso judicial en casos relacionados con el narcotráfico. La falta de pruebas contundentes y la incertidumbre en el manejo de las investigaciones destacan la complejidad de estos casos y la necesidad de un enfoque más meticuloso y legalmente sólido para abordar la violencia y el crimen organizado en México.
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