Con el reciente nombramiento de Mario Delgado como próximo Secretario de Educación Pública, las expectativas son altas para abordar los pendientes en el sector educativo. Organizaciones civiles esperan que Delgado implemente mecanismos efectivos de diálogo para evitar la judicialización de las políticas públicas, una problemática que ha marcado el actual sexenio.
El modelo de la Nueva Escuela Mexicana, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta críticas y deja varios desafíos. Entre ellos, la falta de evaluación de la calidad educativa, la necesidad de una mayor rendición de cuentas sobre el presupuesto para programas educativos, y la participación de la industria editorial en la elaboración de libros de texto.
Especialistas como Alma Maldonado, Miguel Ángel Ortiz y Hugo Setzer subrayan que el diálogo entre autoridades y sociedad civil ha sido insuficiente, llevando a que muchos grupos recurran a amparos para ser escuchados. La judicialización de las políticas educativas ha impedido un desarrollo fluido y consensuado de las iniciativas educativas.
La pandemia de COVID-19 exacerbó los rezagos educativos en México. La eliminación de la prueba estandarizada ENLACE y la incertidumbre sobre la participación de México en la prueba PISA han dificultado la medición del impacto en los aprendizajes. Los cambios abruptos en el plan de estudios y en los libros de texto, implementados en el último año del sexenio, han generado más confusión y complicaciones.
Maldonado destaca la importancia de evaluar el impacto de la pandemia en el desempeño estudiantil y la necesidad de un enfoque claro para la Nueva Escuela Mexicana. Además, programas como "La escuela es nuestra" requieren una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos.
La administración de Mario Delgado deberá enfrentar estos desafíos con una estrategia clara y participativa, asegurando que las políticas educativas se implementen de manera efectiva y con la colaboración de todos los actores involucrados.
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