HUASTECA GLOBAL NEWS- 04 SEPTIEMBRE 2024
Monterrey, NL.- En un ambiente marcado por la incertidumbre política, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo de Nuevo León, Ulises Carlín de la Fuente, presentó formalmente el Paquete Fiscal 2024 al Congreso local. Sin embargo, la entrega de este documento crucial para la planificación económica del estado se ve ensombrecida por un bloqueo legislativo, provocado por una disputa interna sobre la conformación de la mesa directiva.
A su llegada a la Oficialía de Partes del Congreso, Carlín de la Fuente confirmó a la prensa que estaba entregando el Paquete Fiscal correspondiente a 2024, aclarando que se trata tanto de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos del estado. Esta acción sigue a la presentación previa de la Ley de Ingresos en noviembre de 2023, que había dejado pendiente el componente esencial del Presupuesto de Egresos.
A pesar de la importancia del documento presentado, la atención en el Congreso sigue centrada en la disputa por la legalidad del nombramiento de la mesa directiva, que ha causado una nueva parálisis en la agenda legislativa. El conflicto surge de la oposición de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), que cuestiona la legitimidad del nombramiento de la diputada priísta Lorena de la Garza como presidenta del Congreso, argumentando que la presidencia debería corresponder a MC, siendo la primera minoría con 10 diputados, frente a los 8 del PRI.
La Oficialía Mayor del Congreso ha emitido un comunicado en el que defiende la legalidad del procedimiento realizado el 31 de agosto para la elección de la mesa directiva, afirmando que se apegó a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su reglamento interno. Sin embargo, la bancada de MC, encabezada por su coordinador Miguel Flores, mantiene su postura, advirtiendo que el Congreso no podrá avanzar en sus trabajos sin una mesa directiva que considere legítima.
Este bloqueo pone en peligro la discusión y eventual aprobación del Paquete Fiscal 2024, un tema crítico para la administración estatal y para el bienestar de los ciudadanos de Nuevo León. La resolución de este conflicto será clave para desbloquear el estancamiento legislativo y permitir que el Congreso aborde los temas pendientes que son fundamentales para el desarrollo del estado.
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