HUASTECA GLOBAL NEWS- 11 OCTUBRE 2024
El debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma energética del gobierno de la 4T ha encendido las alarmas del Partido Acción Nacional (PAN), que acusa al gobierno de buscar el control de contenidos en internet bajo el pretexto de la expansión del servicio a zonas marginadas. Víctor Manuel Pérez Díaz, diputado panista, lanzó duras críticas contra la propuesta, señalando que podría amenazar las garantías constitucionales y la libre competencia en México.
Durante su intervención en tribuna, Pérez Díaz destacó que “cuando el Estado asume el control de una industria estratégica, como el internet, tiene el potencial de convertirse en juez y parte”, añadiendo que esto podría abrir la puerta a la regulación de tarifas y, lo que es más preocupante, a la manipulación del contenido disponible en la red. Comparó la situación con países como Cuba, Venezuela y China, donde, según él, la intervención estatal en telecomunicaciones ha derivado en censura y represión.
El panista señaló que la reforma, tal como está formulada, pone en riesgo los principios fundamentales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y podría desincentivar la inversión privada, clave para el desarrollo tecnológico. “Viola los principios del T-MEC y corre el riesgo de frenar la innovación en telecomunicaciones”, advirtió Pérez Díaz.
Por su parte, Dolores Padierna, diputada de Morena, respondió enfáticamente que la reforma no busca quitar el internet privado, sino garantizar que este llegue a las comunidades más alejadas del país, mencionando específicamente los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde muchas zonas aún carecen de cobertura. “Queremos llevar internet a las plazas públicas, a los centros de salud y a las escuelas de esas comunidades que han sido históricamente olvidadas”, aclaró.
Este intercambio de posturas refleja la creciente polarización sobre el papel del Estado en la provisión de servicios esenciales, como el acceso a internet, y la preocupación de que esta expansión pueda conllevar mayores controles sobre el flujo de información en el país.
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