Huasteca Global News - 17 de febrero de 2024
En un fallo significativo, el Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán anuló la autorización de impacto ambiental previamente concedida a Producción Alimentaria Porcícola, S.A. de C.V. (PAPO), una subsidiaria de Kekén perteneciente al Grupo Porcícola Mexicano, para operar una megagranja porcícola en Homún, Yucatán. La decisión judicial se basó en evaluaciones detalladas realizadas por expertos en ciencias y derecho que evidenciaron fallos críticos en la manifestación de impacto ambiental facilitada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS).
El veredicto del tribunal subrayó la necesidad de preservar el Anillo de Cenotes, un área de humedales reconocida internacionalmente bajo el Convenio Ramsar, instruyendo la revisión cautelosa de futuras autorizaciones de impacto ambiental por parte de la SDS en esta zona protegida.
La evidencia presentada durante el juicio reveló la deforestación no autorizada de más de 68 hectáreas de selva durante la construcción de la megagranja y una falta de evaluación adecuada sobre el impacto potencial de la operación en el Anillo de Cenotes. Los argumentos a favor de la megagranja, que sugerían la reutilización de aguas residuales como abonos o fertilizantes a través de un ciclo cerrado de residuos, fueron rechazados debido a preocupaciones sobre la capacidad del suelo para absorber los nutrientes derivados de los desechos porcinos y el riesgo subsiguiente de contaminación del acuífero.
Investigaciones adicionales demostraron que la operación de una instalación de este tamaño, albergando hasta 49,000 cerdos, tendría un impacto negativo en el suelo de Homún, que es intrínsecamente incapaz de filtrar aguas residuales o neutralizar la toxicidad de los abonos orgánicos sólidos. La megagranja también se asoció con la emisión de altas concentraciones de nitrógeno, fósforo y metales pesados, lo que podría comprometer severamente la integridad del territorio y las fuentes de agua de la región.
Este fallo judicial marca un precedente importante en la protección ambiental en Yucatán, resaltando la importancia de un escrutinio riguroso y basado en evidencia científica en la evaluación de proyectos con potencial impacto ecológico significativo.
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