HUASTECA GLOBAL NEWS- 07 OCTUBRE 2024
En un controvertido caso de simulación de competencia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregó un contrato por 877 millones de pesos a la empresa Ultrasist, cuya única competidora en el proceso licitatorio, Omnisys, resulta ser su socia en otros concursos del gobierno federal. Este tipo de prácticas, donde las empresas fingen ser rivales pero colaboran de manera conjunta en otras licitaciones, ha generado preocupación y dudas sobre la transparencia en los procesos de contratación pública en México.
La historia detrás del contrato millonario
El 30 de noviembre de 2021, la CFE seleccionó a Ultrasist para implementar un sistema de gestión de energía, rechazando la oferta de Omnisys, su "competidora". Sin embargo, documentos revelados por Latinus muestran que ambas empresas han trabajado juntas en otras licitaciones, lo que despierta sospechas sobre la legitimidad de la competencia en este caso.
Un claro ejemplo de esta relación se dio a finales de 2021, cuando Ultrasist y Omnisys participaron de manera conjunta en una licitación para proporcionar servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). En esa ocasión, junto con una tercera empresa, ganaron uno de los lotes de la licitación y se embolsaron 45 millones de pesos.
Una relación que levanta sospechas
No es la primera vez que estas dos compañías se ven involucradas en este tipo de situaciones. En otras ocasiones, han colaborado en contratos otorgados por el Infonavit. La Auditoría Superior de la Federación ha documentado que, en al menos dos ocasiones, Ultrasist subcontrató a Omnisys para realizar tareas de análisis, desarrollo, soporte y mantenimiento de sistemas de cómputo.
Esta aparente estrategia de simular competencia mientras trabajan juntas ha generado inquietudes sobre el manejo de recursos públicos y el grado de transparencia en los contratos adjudicados por dependencias del gobierno mexicano.
El caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en los procesos de licitación del gobierno, con el fin de evitar que se repitan situaciones similares que comprometan la credibilidad y la equidad en la asignación de contratos.
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