La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, bajo la gestión de Ernestina Godoy, utilizó tecnología avanzada para intervenir la geolocalización de celulares en 48 mil ocasiones entre 2020 y 2021, revela Animal Político. Este uso masivo del software de geolocalización se realizó a menudo sin las autorizaciones judiciales requeridas, una práctica que levanta serias preocupaciones sobre la privacidad y la legalidad de tales acciones.
Además de la falta de autorización judicial en muchos casos, no se reportaron detenciones de delincuentes ni rescates de víctimas que justifiquen estas intervenciones, lo que plantea preguntas sobre la efectividad y el propósito real detrás del uso de tales tecnologías. En paralelo, durante el mismo período, la Secretaría de Seguridad Pública adquirió tecnologías para extraer archivos personales de dispositivos, lo que sugiere una tendencia hacia una vigilancia más amplia y posiblemente invasiva.
La falta de resultados tangibles y la aparente ausencia de un marco legal sólido para estas acciones son preocupantes, especialmente considerando que la legalidad de estas prácticas requiere la aprobación de un juez federal, excepto en circunstancias donde la vida de una persona está inmediatamente en riesgo.
Este escenario plantea interrogantes críticos sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión de la seguridad pública y la protección de los derechos civiles en la capital del país. La comunidad y los observadores legales estarán atentos a cómo se desarrollan estos asuntos, especialmente en lo que respecta al respeto por la ley y los derechos individuales en futuras operaciones de vigilancia.
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